La Paz, Baja California Sur.- El Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó en dos sesiones extraordinarias la reforma constitucional en materia del Poder Judicial enviada por el Senado de la República. La votación en el pleno concluye con 19 votos a favor, 2 en contra y una abstención, dando así luz verde a la modificación de diversos artículos de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos que reconfiguran el sistema judicial.
La reforma introduce la elección popular de magistrados y jueces a través de votación ciudadana, modifica el tiempo de encargo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reduciéndolo de 11 a 9 años, y suprime las salas para que el tribunal opere únicamente en pleno, con sesiones abiertas al público; asimismo, se elimina el haber de retiro, también conocido como pensión vitalicia, para actuales y futuros magistrados de la SCJN.
En cuanto a las remuneraciones de los integrantes del Poder Judicial, la reforma establece que ningún funcionario judicial podrá percibir un salario superior al del Presidente de la República, eliminando una serie de privilegios que han sido motivo de críticas en los últimos años.
Posturas enfrentadas en la discusión legislativa
Durante la sesión, la diputada Guadalupe Saldaña Cisneros (PAN) se pronuncia en contra de la reforma, calificándola de “tramposa” y alegando que abre la puerta a la politización del Poder Judicial. “La elección popular de magistrados y jueces no garantiza justicia, al contrario, genera incertidumbre sobre la imparcialidad”, advierte. También critica la creación de un tribunal de disciplina judicial, sugiriendo que esto podría permitir un mayor control del Poder Ejecutivo sobre el sistema judicial.
En respuesta, la diputada Guadalupe Vázquez Jacinto (Morena) defiende la reforma como un avance hacia una justicia más accesible y democrática. “Esta reforma se enfoca en poner fin a los abusos y los privilegios de unos pocos. Es un paso necesario hacia una justicia social más cercana al pueblo”, expresa. Según Vázquez, la medida busca garantizar que los funcionarios judiciales sean responsables ante la ciudadanía, y no solo ante los intereses de unos cuantos.
Reducción de privilegios en el centro del debate
El tema de los privilegios de los altos funcionarios judiciales es uno de los aspectos más discutidos durante la sesión. La diputada Alondra Torres García (PT) argumenta a favor de la eliminación de beneficios como escoltas, vehículos blindados y seguros privados para los ministros de la SCJN. “Es hora de que se acaben estos privilegios que son un insulto para la gente común. Esta reforma es un primer paso para devolverle al pueblo el control sobre la justicia”, asegura Torres.
Por otro lado, el diputado Fabrizio del Castillo Miranda (PRI) expresa su desacuerdo con la reforma, afirmando que “modificar instituciones tan importantes sin un consenso amplio pone en riesgo la estabilidad del sistema judicial”. Del Castillo también pide que se escuchen las voces de los trabajadores del Poder Judicial, quienes asistieron a la sesión en señal de protesta contra la reforma.
Un cambio estructural que genera polémica
Con la aprobación de esta reforma, Baja California Sur se suma a otras entidades federativas que respaldan la reestructuración del Poder Judicial promovida a nivel nacional. Aunque el debate en torno a sus posibles implicaciones continúa, los defensores de la reforma aseguran que se trata de un esfuerzo por garantizar una justicia más rápida, transparente y libre de corrupción.
El impacto de estos cambios en la vida pública y en el funcionamiento del sistema judicial se verá reflejado en los próximos meses, mientras que las discusiones en otros congresos estatales seguirán marcando el rumbo de esta polémica iniciativa.