Legisladoras del PRD exigen destitución del violentador Alberto Rentería

La Paz, Baja California Sur.- Las legisladoras federal y local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Gabriela Sodi Miranda y Maria Luisa Ojeda González,  respectivamente; junto con la Secretaria Nacional de Asuntos Electorales y Políticas de Alianzas de éste partido, Claudia Castello Rebollar, expresaron su indignación y exigieron al Gobierno del Estado de Baja California Sur el cumplimiento de la legislación que prohíbe a personas sancionadas por violencia de género ocupar cargos públicos, al manifestar que al mantener a Arnoldo Alberto Rentería Santana en la Subsecretaría general de gobierno, se infringe la defensa de los derechos de las mujeres en México y en la entidad.

Sodi Miranda, en calidad de vocera, anunció en la conferencia de prensa que ya había presentado un punto de acuerdo ante la Junta de Coordinación Política, instando al gobernador, Víctor Manuel Castro Cosío, a respetar la Ley 3 de 3, al afirmar que «su confianza en que este llamado sería respaldado, destacando que la actual Legislatura se rige por la paridad y la firme convicción de ‘ningún violentador en el poder'».

El foco de la denuncia se centra en la designación de Rentería como Subsecretario General de Gobierno, cargo que asumió el pasado 14 de septiembre y que, a pesar de estar inscrito en el Registro de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres, la administración estatal decidió entregarle esa responsabilidad. La sanción se originó cuando el entonces presidente estatal del Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) se involucró en un caso de violencia simbólica hacia la expresidenta municipal de Los Cabos, Armida Castro, al realizar una serie de comentarios que fueron sentenciados y sancionados.

Las Legisladoras recalcaron que el Instituto Nacional Electoral (INE) ya había determinado la responsabilidad de Rentería, imponiéndole cuatro medidas: ofrecer disculpas públicas, garantizar no repetición, recibir una multa económica y ser inscrito por cuatro años en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política de Género, detalló Ojeda González.

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Castello Rebollar, subrayó la postura feminista del PRD y respaldó la exigencia del Grupo Parlamentario al afirmar: «No queremos ningún servidor público sancionado por violencia de género contra las mujeres ejerciendo un cargo público».

La contundencia de la exigencia del PRD resalta la importancia de la erradicación de la violencia de género en la esfera política, subrayando el compromiso de este partido con la equidad y el respeto a los derechos fundamentales de las mujeres. La sociedad observa atenta la respuesta de las autoridades frente a esta demanda ética y legal.