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La Paz, Baja California Sur.- El objetivo de fortalecer el patrimonio de las familias sudcalifornianas, la diputada Eda Palacios Márquez presentó una iniciativa que fue aprobada para incorporar al Código Civil el concepto de patrimonio familiar. La propuesta incluye la realización de una campaña anual, encabezada por los poderes Ejecutivo y Judicial del Estado en el mes de marzo, para invitar a los ciudadanos a registrar su patrimonio familiar, destacando la importancia y facilidad de este trámite.
La legisladora, en tribuna, explicó que la iniciativa proviene de diálogos con la sociedad y recibió la propuesta del Grupo Reflexión A.C. para legislar en este aspecto. Resaltó que esta medida ya estaba instituida desde 1975 en la Constitución estatal.
En la iniciativa se define el patrimonio de familia como «una institución de interés público integrada por un conjunto de bienes y derechos destinados a la protección económica, satisfacción de necesidades elementales y sostenimiento del hogar y de la familia».
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¡Haz clic para contactarnos!Palacios Márquez enfatizó la agilidad del registro ante un juez del fuero común, destacando que el proceso no requiere audiencia testimonial y que el trámite es gratuito. Además, detalló los diversos bienes que pueden integrar el patrimonio familiar, adaptándose a las diferentes realidades y actividades económicas de las familias.
La diputada aseguró que esta iniciativa protegerá a las familias de problemas económicos causados por la actividad laboral del jefe o jefa de familia. «Una vez que el patrimonio de familia sea constituido y decretado por un juez, la familia queda protegida de problemas económicos que podrían amenazar su patrimonio», afirmó Palacios Márquez.
Adicionalmente, la legisladora propuso eliminar la disposición en la Ley de Derechos y Productos del Estado que establecía un costo de $469.00 para el trámite, contradiciendo la gratuidad establecida en el Código Civil.
Con esta iniciativa aprobada, Baja California Sur refuerza la protección del patrimonio familiar, brindando a las familias la seguridad de que sus bienes no estarán sujetos a embargos o gravámenes, promoviendo así la estabilidad económica y el bienestar de la comunidad.
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