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La Paz, Baja California Sur.- En la sesión del Congreso del Estado de Baja California Sur, se ha tomado una decisión que impacta directamente en el futuro del transporte público en La Paz. El Congreso ha informado que carece de atribuciones legales para aprobar la solicitud presentada por el XVII Ayuntamiento de La Paz, que buscaba la creación de un Fideicomiso para el Programa de Mejoramiento y Modernización del Transporte Público de Pasajeros en la ciudad.
El dictamen resolutivo presentado por la Comisión Permanente de Asuntos Fiscales y Administrativos, presidida por el diputado Enrique Ríos Cruz, fue aprobado por mayoría de diputadas y diputados presentes en el tercer periodo extraordinario de sesiones. Según este dictamen, las aportaciones anuales que el Ayuntamiento planeaba realizar al fideicomiso no serían consideradas como deuda pública, ya que no surgirían de la contratación de financiamiento.
No obstante, el dictamen también resaltó que la propuesta del Ayuntamiento no se alinea con la regulación normativa vigente. El artículo 32 de la Ley de Deuda Pública establece que los entes públicos, como los municipios, pueden establecer fideicomisos de captación de recursos bajo ciertas condiciones. Sin embargo, el dictamen determinó que esta regulación no es aplicable al caso en cuestión y que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur tampoco respalda la propuesta.
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¡Haz clic para contactarnos!La discusión en el Congreso evidenció diferentes perspectivas. El diputado Armando Martínez del PAN expresó su desacuerdo con el dictamen, temiendo que la falta de acción por parte del Congreso pueda ser interpretada como una aprobación tácita. Por otro lado, el diputado Luis Armando Díaz del PT argumentó que la autonomía jurídica de los ayuntamientos debe ser respetada y que el Congreso carece de facultades para autorizar el fideicomiso.
El Congreso ha decidido comunicar el dictamen resolutivo al Ayuntamiento de La Paz, instándolo a tomar acciones dentro de sus facultades y dentro del marco legal y constitucional. Aunque la decisión puede ser vista como un obstáculo, también se abre la posibilidad para que el Ayuntamiento busque alternativas y soluciones que se ajusten a las regulaciones y a la autonomía de los municipios. El futuro del transporte público en La Paz sigue en el centro del debate, mientras se busca un camino viable para la modernización y mejora de este servicio crucial para la comunidad.
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