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La Paz, Baja California Sur.- El Congreso de Baja California Sur aprobó esta tarde la Ley de Revocación de Mandato, un proyecto presentado por el diputado Armando Martínez Vega en sesión ordinaria que consolida la participación ciudadana en la materia político-electoral.
El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) señaló que la Revocación de Mandato es un derecho inalienable de los sudcalifornianos, al enfatizar que «si ellos pusieron al Gobernador, y si no cumple, si no está haciendo las cosas correctamente, si los sudcalifornianos creen que no debe de seguir en el puesto, que los mismos sudcalifornianos lo quiten, es su derecho y así debe de ser».
La iniciativa presentada por Martínez Vega propone reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Participación Ciudadana en Materia de Revocación de Mandato, y expide la Ley de Revocación de Mandato del Estado de Baja California Sur. El diputado subrayó que el Congreso debe legislar mientras el pueblo decide.
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La nueva Ley consta de 53 artículos, distribuidos en 5 títulos y 14 capítulos, con el objetivo de regular y garantizar el ejercicio del derecho político de los ciudadanos sudcalifornianos en el proceso de revocación del mandato del titular del Poder Ejecutivo del Estado.
Martínez Vega detalló que la ley establece el proceso de revocación como un instrumento de participación ciudadana para determinar la conclusión anticipada del mandato de la persona electa como titular del Poder Ejecutivo, en caso de pérdida de confianza. Además, regula los requisitos y particularidades para este proceso, así como las atribuciones de las autoridades competentes.
La normativa también detalla de manera puntual el proceso de revocación, abarcando la fase previa, el inicio del proceso, la convocatoria, la verificación de apoyo ciudadano, la organización, la difusión del proceso, los actos previos a la jornada de revocación, y la propia jornada de revocación de mandato.
La Ley de Revocación de Mandato establece los mecanismos para la rendición de cuentas y la responsabilidad de las autoridades, marcando un hito en la consolidación de la democracia participativa en Baja California Sur. La aprobación de esta legislación refleja el compromiso del Congreso con el fortalecimiento de las instituciones y el empoderamiento de la ciudadanía en el ejercicio democrático.
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